Libertad educativa, federalismo y formación docente.
Opinión y análisis del Proyecto de ley promovido por el gobierno nacional.
El reciente proyecto de Ley de Libertad Educativa plantea un horizonte ambicioso basado en la ampliación de libertades pedagógicas, institucionales y familiares en torno a “la Educación y la Institución Escolar”. El proyecto articula principios que, en apariencia, fortalecen la autonomía escolar y la capacidad de las familias para elegir proyectos educativos acordes a sus convicciones (que actualmente existen). No obstante, el análisis detenido de los artículos más operativos —especialmente aquellos vinculados a los contenidos mínimos y a los planes de estudio (arts. 26 y 27) — revela tensiones estructurales que cuestionan, a mi criterio, la viabilidad de esa libertad en el marco del sistema educativo argentino contemporáneo.
Libertad educativa: un concepto ideal que colisiona con la arquitectura federal
El artículo 1 define la educación como un derecho humano esencial y reconoce, simultáneamente, la libertad de enseñar y aprender, así como el derecho preferente de las familias a elegir la educación de sus hijos. Esta formulación sitúa la “libertad educativa” como eje vertebral. Sin embargo, la ley delega en las provincias —sin contrapesos técnicos nacionales robustos— la responsabilidad de aprobar contenidos, proyectos pedagógicos y planes de estudio.
En un país con profundas asimetrías territoriales, esta descentralización extrema corre el riesgo de traducirse no en mayor libertad, sino en incremento de la desigualdad educativa. La libertad, para ser garantizada, requiere condiciones homogéneas de calidad, control y transparencia que actualmente no están aseguradas en todas las jurisdicciones.
Discrecionalidad provincial y fragmentación curricular.
Los artículos 26 y 27 permiten a cada provincia:
- definir complementos curriculares propios,
- aprobar planes de estudio comunes,
- y validar diseños de estudio elaborados por instituciones individuales conforme a su ideario.
Aunque esta flexibilidad puede enriquecer la diversidad pedagógica, también puede consolidar un sistema altamente fragmentado. La ausencia de criterios estrictos de evaluación externa —neutros, técnicos e nacionales— favorece un modelo en el que:
- la calidad curricular depende más del territorio que de estándares nacionales (que por supuesto debería siempre apoyarse en la evidencia científica y en una evaluación empírica de resultados);
- se dificulta la movilidad de estudiantes entre provincias;
- y se compromete la continuidad de trayectorias educativas en un país que aspira a garantizar igualdad de oportunidades.
Cuando la aprobación curricular queda sujeta a decisiones provinciales sin mecanismos claros de revisión independiente, la discrecionalidad se convierte en un factor de riesgo (en gran parte como está sucediendo). En lugar de promover libertad real, puede derivar en diferencias estructurales de calidad, afectando especialmente a quienes residen en jurisdicciones con menor capacidad técnica o recursos.
La cuestión INFOD: continuidad institucional sin fortalecimiento real
Aunque este proyecto de ley no aborda directamente la formación docente, su orientación descentralizadora dialoga con el debate sobre el futuro del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) o como se propone reversionarlo en el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente. A pesar de eventuales cambios de nombre, el INFOD continúa siendo un organismo descentralizado, cuya eficacia depende de la articulación con las provincias y no de un liderazgo nacional sostenido.
La experiencia acumulada en el sector educativo muestra que:
- las propuestas del INFOD han sido heterogéneas y, en ocasiones, poco alineadas con las necesidades reales de las escuelas; (14 postítulos de especialización de 2 años con 37.000 egresados entre 2016 y 2018 *, lo que no se logró traducir en una mejora en nada medible o básico como lo es que «los niños aprendan a leer y escribir así como a comprender textos.»)
- existe escasa evaluación de impacto que permita certificar la calidad de la formación docente ofrecida;
- y la propia mega estructura del organismo limita la generación de políticas nacionales coherentes, estables y sostenidas en el tiempo.
- Su funcionamiento con una política propia (en momentos con tinte militante), casi en simultáneo con los entonces ministerios de educación o actual secretaría de educación.
En un contexto en el que cada provincia podría profundizar su autonomía curricular, un organismo inocuo —o simplemente inalterado en su estructura— difícilmente podría funcionar como garante de estándares mínimos de calidad docente. Ello podría ampliar la extraña dispersión pedagógica entre jurisdicciones y erosionar un intento de cohesión del sistema educativo argentino.
- Información extraída de: Infod: Logros de gestión 2016-2020
La necesidad de profesionalismo técnico y neutralidad.
El proyecto de ley no aborda de manera explícita cómo garantizar que la evaluación de propuestas, planes y contenidos esté a cargo de equipos profesionales con competencias técnicas y neutralidad ideológica. Este vacío es crítico: en ausencia de lineamientos claros, los procesos de aprobación pueden quedar expuestos a dinámicas partidarias o presiones sectoriales que minen la calidad educativa.
Contar con profesionales neutrales y altamente capacitados no es un detalle administrativo: es una condición sine qua non para que la libertad educativa no derive en desigualdad o arbitrariedad. Un sistema descentralizado requiere aún más rigor técnico, no menos.
Libertad con garantías, no libertad en abstracto
El proyecto de Ley de Libertad Educativa abre la puerta a una mirada necesaria sobre autonomía pedagógica, participación de las familias y pluralidad educativa. Sin embargo, la normativa tal como está formulada presenta vacíos sustanciales en materia de control, evaluación y supervisión nacional. La descentralización sin una estructura nacional acertiva y con organismos como el INFOD (con una política educativa propia y simultánea) conduce, inevitablemente, a un sistema:
- desigual,
- fragmentado,
- y con escasa capacidad de asegurar calidad y coherencia.
El desafío no es elegir entre libertad o regulación, sino construir un marco donde la libertad esté acompañada de garantías, estándares nacionales claros y profesionalismo técnico. Sin estos pilares, la libertad corre el riesgo de quedar reducida a un principio declamativo sin traducción efectiva en el derecho a una educación plena, no para unos pocos, sino para todos los ciudadanos que habitan el suelo argentino.
Si la finalidad del proyecto de ley es ampliar la libertad educativa y garantizar una educación de calidad, es necesario reconocer que los primeros años de gestión desaprovecharon una oportunidad clave: abordar con rigor (no mediático) la crisis de alfabetización. Desde hace décadas, Argentina arrastra problemas derivados de métodos de enseñanza sin evidencia científica y empírica, ausencia de criterios de seguimiento y evaluación, diagnósticos imprecisos y escasa incorporación de avances en neurociencia y lingüística cognitiva. Para avanzar hacia una verdadera libertad educativa, habría sido imprescindible convocar a investigadores, construir consensos técnicos y ofrecer a las familias —sin intermediación provincial— información clara sobre cómo deben aprender a leer, escribir y comprender sus hijos.
La crisis del nivel secundario es consecuencia directa de una alfabetización inicial casi inexistente. Cualquier proyecto que no priorice la alfabetización basada en evidencia empírica corre el riesgo de quedar en una declaración sin impacto real.
La libertad educativa solo puede ser auténtica cuando está sostenida por un Estado capaz de garantizar estándares comunes, equipos técnicos profesionales y una formación docente coherente a nivel nacional.
Sin estos pilares, la autonomía provincial corre el riesgo de convertirse en desigualdad estructural y fragmentación curricular, debilitando el derecho de todos los niños y niñas a una educación de calidad, independientemente del lugar donde vivan.
Prof. Noemí Guadalupe Sánchez